Durante el sexenio de Vicente Fox, a la par que aumentaron los asesinatos y desapariciones de periodistas a nivel nacional, también se incrementó una nueva forma de ejercer presión de manera violenta contra los periodistas para someterlos: los artificios legales.
Amparados en supuestas disposiciones legales, los poderosos han ejercido acción legal contra los periodistas para evitar que denuncien sus irresponsabilidades y triquiñuelas. Un ejemplo en Aguascalientes lo tuvimos en el sexenio de Felipe González, cuando los delitos contra el honor, con una clara dedicatoria a los periodistas, se integraron al código penal con hasta nueve años de cárcel, convirtiéndonos en uno de los estados con penas más severas de ese tipo únicamente superado por Chiapas.
Es rídiculo que cuando se ventilan las acciones corruptas de los funcionarios, éstos aleguen en su defensa la violación de su privacidad. La denuncia de la desviación de los recursos públicos (recuperando su sentido más estricto: los recursos de todos nosotros), nunca será un tema de la vida privada, pues compete a la acción pública.
El día de hoy se publica en La Jornada la razón concedida por la Suprema Corte de la Nación al periodista José Sacramento Herrera, de Acámbaro, Guanajuato, en un alegato en el que el ex alcalde abrió proceso penal en su contra por difundir información en la que el chofer del funcionario reveló el uso de gasolina y vehículos municipales para atender los negocios privados del alcalde.
Si el periodismo tiene una función social, esa es definitivamente la de "observar los acontecimientos, interrogar a los actores, explorar los documentos, analizar y criticar los comportamientos, las decisiones, las declaraciones contundentes así como los silencios cómplices a fin de captar lo público" (Bernier).
